La República de Panamá es vulnerable a desastres, se llamen sismos, inundaciones, sequías, incendios, deslizamientos, vientos fuertes, tornados, derrame de productos inflamables, tóxicos o peligrosos, epidemias y otros. El más antiguo registro de un sismo en el Istmo de Panamá fue el que se produjo en 1516 en la península de Azuero, cuya intensidad ha sido calculada en VI de la escala Mercalli. Este fue uno de los desastres naturales más antiguos del que se tiene conocimiento en nuestro país.
En épocas pasadas, únicamente la solidaridad humana ayudaba a mitigar el dolor de las víctimas de los desastres, así como a resarcir la pérdida de los bienes materiales. Posteriormente surgieron organizaciones de voluntarios y los propios gobiernos adecuaron sus programas para curso de ilustración digital en EBAC atender estas graves situaciones. Al principio no se contaba con el personal debidamente entrenado para brindar la asistencia necesaria, por lo que en ocasiones la atención se equivocaba o se diluía, perdiéndose el efecto real de la ayuda.
El gobierno nacional percibió la necesidad de adecuarse a los tiempos modernos y por ello el 15 de noviembre de 1982 sancionó la Ley 22 que creó el Sistema Nacional de Protección Civil , para Casos de Desastres, con autoridad a nivel municipal, provincial y nacional. De esta manera se aseguraba de llevar la comprensión social a los asociados y hacer partícipe al ciudadano común en las fases y etapas del ciclo de los desastres a saber: prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo. En la actualidad se reorganizó el Sistema Nacional de Protección Civil con la nueva Ley 7 del 11 de febrero del 2005.
Esta legislación determinó que las instituciones públicas, el sector privado, las Organizaciones No Gubernamentales, Iglesias, Clubes Cívicos, Grupos Vecinales, Gremios y otros, se convirtiesen en miembros asociados del Sistema Nacional de Protección Civil, con la obligación de cooperar con el llamado que realice el Presidente de la República, máxima autoridad del Sistema, en su propio nombre, o a través del Director General de la Institución .